El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha anunciado esta mañana en el Parlamento que la Junta de Andalucía va a poner fin al modelo de arrendamiento de sedes judiciales para ir paulatinamente adquiriendo sedes en propiedad. Hacer realidad el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla supondría un ahorro anual de 5,34 millones de euros, que podrían reinvertirse en mejorar las infraestructuras judiciales. El ahorro en Cádiz llegaría a más de 800.000 euros.
El consejero de Justicia ha informado en la comisión parlamentaria que el gasto anual en relación a los alquileres de oficinas judiciales asciende a la cantidad de 25.243.348,81 anuales. De esta cantidad, la cuantía más importante corresponde a la que se abona por la Ciudad de la Justicia de Córdoba hasta el año 2042, momento en que pasará a propiedad de la Junta de Andalucía, y que supone un montante de 10.439.819,48 anuales.
Para Juan Marín estos 25 millones de euros suponen “un sangrado” para las arcas autonómicas por dos motivos. En primer lugar, la creación de nuevos juzgados que nunca dejan un margen de actuación superior a los 12 meses, lo que conlleva tener que actuar de modo rápido y diligente, de manera no queda otra opción sino buscar nuevos inmuebles arrendados; conclusión, el modelo persiste. Por otro lado, la existencia de contratos de arrendamiento de décadas pasadas, con deficientes instalaciones (principalmente en materia de accesibilidad, contraincendios y climatización, etc), provoca la necesidad de acometer obras de adecuación, adaptación, reformas y rehabilitaciones, que no se pueden acometer, por estar lógicamente vedado el uso de fondos públicos en inmuebles de titularidad privada.
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