Resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales

Exclusión. Acuerdo marco de suministro. La mesa debe acordar la exclusión, no hacer una propuesta de exclusión. Conveniencia de comunicar la exclusión con pie de recurso para que el licitador excluido pueda interponer el recurso especial en ese momento procesal y no frente a la adjudicación. La recurrente no presentó las muestras exigidas en el PCAP, al considerar que no hacía falta al estar utilizándose los productos por el órgano de contratación, al haber sido entregados en virtud de contratos anteriores. Doctrina sobre el ámbito de libertad y discrecionalidad de que goza el poder adjudicador en la configuración del objeto del contrato. Doctrina lex contractus. Doctrina sobre el carácter autónomo e independiente de los procedimientos de contratación respecto de otros anteriores o coetáneos. Doctrina sobre aclaraciones o subsanaciones. No se puede subsanar lo que en el momento de finalización del plazo de presentación de proposiciones “no existe de manera indudable”, como es la acreditación de la presentación de las muestras por la recurrente, ya que ella misma reconoció expresamente que no las había presentado, por lo que la mesa, conociendo que no era posible la subsanación, decidió no otorgarla y excluyó a la recurrente, teniendo en cuenta también lo establecido en el PCAP que obligaba en tal caso a dicha exclusión. Principio de igualdad de trato entre los licitadores. Desestimación

Pliegos. Análisis de la naturaleza jurídica y tratamiento del escrito presentado a tenor de su contenido: delimitación de la actuación recurrible. Sin perjuicio de considerar claramente extemporáneo el escrito como de ampliación del recurso, y sin prejuzga la legalidad de la actuación administrativa que se denuncia en relación con la incoherencia entre el documento publicado el 30 de enero de 2026 y los pliegos, se incide en aspectos ya cuestionados en el RCT 47/2026 y se ve afectado por la Resolución 64/2026. Efectos de la estimación parcial efectuada en nuestra Resolución 64/2026: desaparición sobrevenida del objeto del recurso ya que la pretensión que se ejercita va dirigida contra el mismo acto impugnado que ha sido anulado. Declaración de concluso del procedimiento.

Adjudicación. Contrato administrativo especial. Concierto social. Acceso al expediente: la documentación auxiliar o de apoyo no es parte del expediente administrativo. No caben prospecciones o indagaciones generales del expediente (lo que hoy en día se está viniendo en llamar como “pesca de arrastre” o fishing expeditions) a la búsqueda de irregularidades, incumplimientos o errores desconocidos. Modificación sustancial de la oferta: lo determinante no es el hecho físico del cambio de profesional, sino si dicho cambio altera la posición relativa y el contenido evaluable de la oferta respecto de los criterios del pliego, produciendo una ventaja indebida o una alteración material de lo ofertado una vez cerrado el plazo, lo que sí afecta a la igualdad de trato. No se aprecia infracción del principio de igualdad de trato por el solo hecho de que en otros lotes se hayan acordado exclusiones o advertencias y en este no haya ocurrido así, cuando el hecho diferencial —descenso de puntuación frente a mantenimiento de esta— resulta objetivamente relevante y congruente con la finalidad de impedir modificaciones materiales de los méritos (y, por tanto, de la calidad) del equipo propuesto. Motivación de la adjudicación: la motivación por remisión a informes y propuestas es admisible cuando el informe o propuesta incorpora la explicación y el detalle suficientes para exteriorizar las razones del acto, de manera que el destinatario pueda conocer el fundamento de la decisión. Conflicto de intereses: no se aprecia en las relaciones comerciales previas de recurrente y adjudicataria, en tanto no afecta a la competencia o a la limpieza del procedimiento. Criterios automáticos de adjudicación: pueden requerir de un cierto nivel de apreciación y constatación de las condiciones descritas en los pliegos. Desestimación.

Exclusión. Servicios. Dies a quo para el plazo de interposición: la falta de notificación de la exclusión convierte la publicación de esta en una notificación defectuosa. A partir de la fecha de un escrito de la recurrente a la mesa, debe entenderse que la actora ha realizado actuaciones que suponen el conocimiento del contenido y alcance del acto objeto de la notificación, con lo que dicha notificación defectuosa ha de surtir efectos desde ese día, en aplicación del artículo 40.3 de la LPAC. Por tanto, el dies a quo para comenzar a computar el plazo de 15 días hábiles de interposición de recurso especial es el de presentación del mentado escrito. Oferta económica: la ubicación de un defecto en la documentación correspondiente a criterios evaluables automáticamente no determina, por sí misma, su carácter insubsanable. La cuestión exige un examen material caso a caso, de forma que la corrección es admisible si no cambia el contenido de la oferta ni compromete la igualdad y la transparencia. Aclaración de la oferta económica: el porcentaje del 6% sobre el presupuesto, ofertado por la recurrente en ambos lotes, está cerrado y dicho presupuesto anual de cada lote está incluido en el PCAP y publicado en la PCSP. Esa correspondencia permite conservar el sentido de la proposición sin eliminar la exigencia de expresarla finalmente en un montante en euros. Cálculo del IVA: se trata de una operación matemática de resultado inexorable, como es aplicar el tipo de IVA correspondiente (21% según el PCAP) a las ofertas sin IVA y sumar la cantidad resultante a los montantes de dichas ofertas. Las discrepancias en el cálculo del IVA aplicable al precio ofertado han de considerarse errores aritméticos que no determinan la inviabilidad de la oferta ni la procedencia de su rechazo. Estimación.

Pliegos. Concesión de servicios. Acto recurrible. Valor estimado: más allá del contenido del anuncio de licitación y de la información sobre recursos que proporciona el PCAP, la cifra de negocios que se prevé que podría generar la empresa concesionaria está muy por encima de los tres millones de euros, que es la cuantía mínima establecida en el artículo 44.1, letra c), de la LCSP para que este Tribunal pueda conocer de actos derivados de una contratación de concesión de servicios. Publicación en DOUE. Nulidad de pleno derecho: el cálculo del valor estimado hacía obligatoria la publicación del anuncio en DOUE. La falta de publicación en DOUE, cuando es obligatoria, constituye causa de nulidad de pleno derecho, conforme al citado artículo 39.2, letra c), de la LCSP. Falta de motivación: ni en el expediente administrativo ni en la publicación en el perfil de la PCSP se ha incluido la memoria justificativa a la que se refiere el artículo 63.3 de la LCSP, con lo que buena parte de las cuestiones que definen la contratación han quedado sin motivación. Duración concesional: la objeción consiste en que se establece el plazo de 16 años sin motivar la conexión económica exigida por la LCSP ni seguir el procedimiento establecido en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero. Experiencia empresarial: no puede ser criterio de adjudicación. Garantía definitiva: se fija, para las concesiones de servicios, atendiendo a la naturaleza, importancia y duración de la concesión. Estimación.